La Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, junto al Comité para la Prevención de la Tortura, presentaron un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia para evitar que la provincia continúe con la medida de retirar teléfonos a los detenidos.
Además, solicitaron la inconstitucionalidad de la ley sancionada el año pasado, la cual busca combatir estafas y extorsiones desde las cárceles.
Además, solicitaron la inconstitucionalidad de la ley sancionada el año pasado, la cual busca combatir estafas y extorsiones desde las cárceles.
