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Tribunal federal dicto tres años de prisión para Aida Ayala quien se desmayó al escuchar el veredicto.

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El Tribunal Oral Federal dictó la sentencia en la causa Lavado II, condenando a Aída Ayala, Jacinto Sampayo, Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez. La exjefa comunal se desmayó 

El Tribunal Oral Federal dictó la sentencia en la causa Lavado II, condenando a Aída Ayala, Jacinto Sampayo, Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez. La exjefa comunal se desmayó al momento de escuchar el fallo


Fraude en perjuicio de la administración pública, la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida y pagar una multa de 90 mil pesos. La pena fue de esa cuantía porque la absolvieron del lavado de activos, en concreto Ayala no cumplió con sus obligaciones como jefa comunal pero no se aprovechó del delito que los fiscales calificaron como precedentes según la decisión del tribunal. También le fijaron tareas comunitarias por dos año

Este viernes, el Tribunal Oral Federal, en Chaco dictó la sentencia en la causa Lavado II, condenando a Aída Ayala (exintendente de la ciudad de Resistencia) , Jacinto Sampayo, Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez.  Previo al ingreso al lugar, la ex jefa comunal había asegurado estar "traquila", porque estaba segura de que "la verdad siempre triunfa". Sampayo, sin embargo, no asistió a la lectura del veredicto, ya que posee problemas de salud.

En esta misma causa, fueron absueltos: Natalia Martínez Guarino, quien no fue acusada por el Ministerio Público Fiscal; Fatima Rigassio, Mónica Centurión, Patricia Vázquez, Diego Martínez Guarino, Victor Baumwollspinner, Elsa Martínez, Cristian Zapata y Víctor Hugo Quiroz.

Así el Tribunal Oral Federal compuesto por Enrique Bosch, Juan Iglesias y Noemí Berros leyó  la sentencia por la causa que investigó si existieron delitos en la concesión de la recolección de residuos a la empresa PIMP y si a partir de haberle otorgado beneficiarse con lo que la firma le cobraba a la Comuna. La exintendenta fue condenada a tres años de prisión, es decir no hay cumplimiento efectivo (la fiscalía había pedido 10).

    

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